El derecho al olvido: cómo remover información personal de Google

Las imágenes de una noche loca de hace un par de años o la participación política de la que nos avergonzamos hoy en día: hay muchas informaciones y datos que podrían resultar obsoletos o calumniosos y que sería mejor eliminar de Internet. Esto puede resultar peligroso cuando se trata de deudas o disputas pasadas que podrían perjudicar la carrera profesional de cualquier persona o la adquisición de una vivienda por parte de una familia. En algunos casos pareciera que Internet simplemente no olvida nada. Sin embargo, las personas afectadas por este tipo de hechos no deben quedarse con los brazos cruzados. Desde 2014, los europeos pueden recurrir al “derecho al olvido” para solicitar que Google elimine entradas irrelevantes de su índice.

En mayo de 2014 en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que, en caso de que el usuario lo solicite, motores de búsqueda como Google deben eliminar entradas que incluyan datos personales sensibles que se han convertido en falsos, irrelevantes, exagerados u obsoletos. Además, esta sentencia estableció que el público no tiene ningún interés en acceder a esta información, especialmente en lo que respecta a figuras públicas o delitos graves. Desde el fallo de la TJUE Google ha eliminado cientos de miles de resultados de búsqueda.

Cuidado: quien piense que ahora puede deshacerse de toda la información molesta que ronda en Internet se equivoca. El fallo cubre únicamente a los resultados de búsqueda, es decir, a los enlaces que aparecen en las páginas de resultados de los buscadores. En otras palabras, la información en sí seguirá estando disponible en Internet, pero no será tan fácil de encontrar.

El detonante de la decisión del Tribunal de Justicia fue una reclamación hecha por el españolMario Costeja Gonzálezquien, al introducir su propio nombre en el buscador, se encontró con un una lista de 1998 del diario La Vanguardia que incluía su nombre. En la lista se encontraban propiedades que debían ser embargadas y de una de las cuales Costeja era el propietario. Aparentemente, el motivo de la incautación eran deudas a la seguridad social.

Después de que Google y La Vanguardia se negaron a eliminar el enlace a la página web que contenía la lista, Costeja decidió acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esta obligó a Google a borrar los enlaces a las páginas que incluían el nombre de Costeja bajo el argumento de que la deuda de la que hablaba la lista había sido pagada y la difusión de esta información había causado perjuicios profesionales a Costeja. Google se negó y presentó una demanda de anulación de la decisión ante el Tribunal de Justicia, sin embargo, este le otorgó la razón a Costeja.

La victoria de Costeja fue celebrada por la comunidad online a nivel mundial. Sin embargo, la sentencia se ha enfrentado a un gran inconveniente: Google solo se vio obligado a eliminar los enlaces que conducían a páginas web en Europa. Así, quien introdujera el nombre de Costeja en Google.com o en algún otro país fuera de Europa, seguía encontrándose con el enlace a La Vanguardia y, por lo tanto, con la famosa lista. Para muchos defensores de la privacidad en Internet, incluyendo la autoridad francesa CNIL (Comisión Nacional Francesa de Informática), esto no fue suficiente.

Finalmente, Google accedió a eliminar los enlaces. Desde marzo de 2016, todos los resultados que hayan sido borrados de las SERP no podrán encontrarse en páginas web internacionales cuando la búsqueda se realiza desde el país de la persona que ha solicitado la eliminación de la información. Así, si algún español pide la eliminación de datos personales de Google, es posible que, si realiza la búsqueda a través de Google.com, los siga encontrando en Francia.   

No sintiéndose conforme con la decisión, CNIL le impuso una sanción de 100.000 euros a Google Inc.. Como respuesta, el gigante de los buscadores acudió al tribunal administrativo más importante de Francia. “Ningún país debería crear leyes para otros países”, dijo el abogado de Google David Price. La decisión final se tomará a principios de 2017.

Bing, el buscador de Microsoft, también ha estado aplicando el derecho al olvido conforme a las directrices de Google. Para ello, estos motores de búsqueda utilizan señales de localización como, por ejemplo, direcciones IP. Estos cambios también aplican a solicitudes hechas en el pasado.

Para solicitar que algún tipo de información personal sea eliminada de los resultados de búsqueda de Google o Bing, deberás proceder de la siguiente forma:

• Primero de todo, busca toda la información en Internet que haya sobre ti.  Esto lo lograrás fácilmente escribiendo tu nombre en Google y en otros motores de búsqueda, el llamado Egosurfing.  Para evitar que Google adapte los resultados de búsqueda a tu crónica personal de rastreo, te recomendamos utilizar un motor de búsqueda anónimo como impersonal.me. Este buscador permite seleccionar para qué buscador (por ejemplo Google.fr) deseas realizar la búsqueda y desde qué país.

• Comprueba si la información que te gustaría eliminar de los resultados de búsqueda también está protegida por el derecho al olvido. Será así si dicha información es incorrecta, exagerada o irrelevante –p. ej. en el caso de Costeja se trataba de datos de hace más de 10 años. Adicionalmente, no debe existir ningún tipo de interés público en dicha información.  

• Parece evidente, pero no lo es: el derecho al olvido en los motores de búsqueda solo lo tienen personas con nacionalidad o residencia en la Unión Europea. 

• Realiza la petición. En la página de Ayuda de Google encontrarás un formulario especial para ello. Si quieres más información sobre el formulario de Google para el derecho al olvido visita la sección de preguntas frecuentes en el área de Informe de Transparencia.

Del mismo modo, no olvides realizar la solicitud ante Bing, así como a otros buscadores que también ofrezcan esta posibilidad. Si es necesario, pregunta constantemente o realiza peticiones, pues todos los motores de búsqueda que tengan una sucursal o funcionen en la Unión Europea están obligados a respetar el derecho al olvido de sus usuarios.