El país centroamericano y en general los del área hispanohablante, a excepción de algunas instituciones gubernamentales, carecen de una ley que regule un plan único de cuentas contables obligatorio para las empresas y con una estructura específica más allá de los principios contables generalmente aceptados y las diferentes normativas internacionales.
En México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es el que marca las pautas a seguir al respecto de principios de contabilidad y procedimientos de auditoría, pero son las empresas las que elaboran sus propios cuadros de cuentas en función de sus necesidades. Con la introducción de la contabilidad electrónica (en 2014, para las personas morales, y en 2015, para las físicas), el SAT (Servicio de Administración Tributaria) publicó el código agrupador de cuentas, que las codifica por niveles, código agrupador y el nombre de las cuentas y subcuentas.